El Ministerio Público informó este martes de que solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a cinco hombres hallados culpables de formar parte de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada con la Operación Iguana.
BARAHONA.- Los condenados son Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en esa localidad; el inspector Johan Rosario Castillo, así como Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.La sentencia, además, ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Procuraduría Regional de Barahona, explicaron que solicitarán que la sentencia sea confirmada en todas sus partes.
Bejarán y González reiteraron la importancia de sancionar los graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada la red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno.
Igualmente, privaban de su libertad a las personas retenidas o secuestradas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago exigido para la liberación, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
